POLITICA
POLÉMICA ABIERTA POR LA LEY DE GLACIARES: ALERTA DE RIESGOS CONTRA EL PEDIDO DE UNA ACLARACIÓN TÉCNICA
Desde Greenpeace Argentina advierten que una ley aclaratoria implicaría retrocesos ambientales y pondría en riesgo el agua, mientras que el geólogo y abogado Favio Casarín sostiene que la norma actual está mal redactada y bloquea la minería sin mejorar la protección hídrica. El contrapunto quedó expuesto en entrevistas radiales recientes y volvió a instalar un debate postergado desde hace más de una década. Información publicada por Agenda Industrial, diario de minería, petróleo y campo.
La discusión por la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena y lo hizo en clave de fuerte controversia. Dos entrevistas radiales, emitidas en los últimos días desde Mendoza, reflejaron posiciones diametralmente opuestas sobre la posibilidad de avanzar en una ley aclaratoria que precise los alcances de la norma sancionada en 2010.
Por un lado, Matías Arrigazzi, referente de Greenpeace Argentina, advirtió que cualquier intento de aclaración legislativa podría traducirse en una desprotección del ambiente glaciar y periglaciar, con impacto directo sobre las reservas de agua. Desde la organización ambientalista insisten en que la ley actual establece presupuestos mínimos que no deben tocarse y que abrir el debate supone un riesgo.
En la vereda opuesta, el geólogo y abogado Favio Casarín sostuvo que la discusión está mal planteada. Según explicó, la ley no necesita ser defendida como un tabú sino corregida técnicamente. A su entender, la redacción ambigua de la norma terminó bloqueando actividades mineras en vastas zonas donde no existen glaciares, hielo permanente ni funciones hídricas relevantes, sin que ello implique una mejora real en la protección ambiental.
Casarín fue categórico al rechazar uno de los principales argumentos de Greenpeace: la supuesta eliminación de los presupuestos mínimos ambientales. Recordó que esos estándares están garantizados por el artículo 41 de la Constitución Nacional y no pueden ser anulados por una ley aclaratoria. “Una ley confusa no protege más: solo bloquea sin mejorar el ambiente”, sintetizó.
El especialista también apeló a comparaciones regionales y citó el caso de Chile, donde —según señaló— conviven una legislación clara de protección de glaciares con el desarrollo de la minería, bajo controles específicos y delimitaciones precisas.
La polémica deja al descubierto un debate de fondo que la Argentina viene postergando desde hace años: cómo compatibilizar la protección efectiva del recurso hídrico con el desarrollo productivo, evitando normas ambiguas que, lejos de fortalecer el cuidado ambiental, terminan judicializando y paralizando actividades sin criterios científicos claros.
Mientras Greenpeace insiste en que aclarar la ley es abrir la puerta a un retroceso, Casarín plantea que la falta de precisión es, precisamente, el principal problema. La discusión, lejos de cerrarse, promete escalar en un contexto donde minería, ambiente y agua vuelven a chocar en la agenda pública.