POLITICA
CRECE EL MALESTAR POR UN NUEVO AUMENTO DE PEAJES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Un nuevo incremento en las tarifas de peaje volvió a encender la polémica en la provincia de Buenos Aires. El aumento, que oscila entre el 7 y el 10 por ciento y rige desde el 3 de enero de 2026, fue autorizado por el gobierno bonaerense para los corredores bajo concesión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), entre ellos la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, que comprende las rutas 2, 11 y conexas
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) calificaron la medida como “ilegal, abusiva e injustificada” y advirtieron que se trata de un ajuste con fines meramente recaudatorios. En su informe, la entidad sostiene que la suba solo contribuye a profundizar el déficit de la concesionaria, sin traducirse en mejoras concretas para la infraestructura vial ni en beneficios para los usuarios
El documento elaborado por CONADUV pone el foco en las fuertes asimetrías tarifarias entre los distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en otros corredores el costo por kilómetro para un automóvil en hora pico es sensiblemente menor, en la Autopista Buenos Aires–La Plata trepa a valores que la organización considera “desproporcionados”, ubicándose muy por encima del promedio del área metropolitana
El impacto económico del aumento se refleja con claridad en los ejemplos incluidos en el informe. Un automovilista que viaja diariamente entre la Ciudad de Buenos Aires y La Plata puede llegar a pagar más de tres millones de pesos anuales solo en concepto de peajes, mientras que en el caso de un camión de más de seis ejes esa cifra supera holgadamente los quince millones de pesos por año. Para los trayectos hacia la Costa Atlántica, los montos resultan aún más elevados
Según los autores del informe, el incremento de los peajes no solo afecta a los usuarios directos, sino que se traslada de manera inmediata a los costos del transporte y, en consecuencia, a los precios de toda la economía. En ese sentido, CONADUV advierte que la medida se adopta en un contexto de crisis económica, sin contemplar la situación de trabajadores, pymes y sectores productivos que dependen del uso cotidiano de estas rutas
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Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a la falta de un marco regulatorio y de un ente de control específico para las concesiones viales en la provincia. La organización remarca que, pese a tratarse de un servicio público, nunca se garantizó la participación de los usuarios viales ni se establecieron mecanismos de control transparentes, una deuda que atribuyen tanto al Poder Ejecutivo como a la Legislatura bonaerense y a la Defensoría del Pueblo
En su análisis, CONADUV vuelve a cuestionar el esquema de “falso peaje” que, según sostienen, resulta inconstitucional por la ausencia de caminos alternativos gratuitos y por la existencia de una doble imposición. A esto se suma, afirman, un sistema abierto e inequitativo, donde lo recaudado se destina mayormente a sostener el elevado costo operativo de las estaciones de cobro y de la propia AUBASA, sin una inversión proporcional en la mejora de los caminos
El informe, firmado por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial y difundido en enero de 2026, concluye con una advertencia contundente: mientras no se revise el régimen de concesiones y no se establezca un control efectivo con participación de los usuarios, los aumentos de peaje seguirán profundizando lo que definen como una “estafa vial” que se sostiene en el tiempo y castiga de manera sistemática a quienes transitan las rutas bonaerenses