RENOVABLES
BIOCOMBUSTIBLES Y CORTE OBLIGATORIO EL COSTO QUE QUEDA DENTRO DEL PRECIO
El Senado avanza con un proyecto que propone modificar durante los próximos quince años el régimen de biocombustibles. Entre los principales puntos en discusión aparecen los porcentajes de mezcla, el mecanismo de formación de precios y las condiciones de participación de las empresas. Sin embargo, detrás de esos aspectos existe una variable económica que impacta directamente sobre el mercado de combustibles: cuánto cuesta incorporar biocombustibles a la mezcla obligatoria y quién termina absorbiendo ese costo.
Un análisis elaborado por Alejandro Di Palma, miembro de IESO, toma como referencia los precios oficiales publicados durante la primera semana de agosto y calcula el impacto económico del corte a partir del costo de la energía entregada. La metodología busca evitar una comparación directa entre litros de productos diferentes y considera, en cambio, cuánta energía aporta cada combustible.
Cuánto cuesta actualmente el corte
Para realizar el cálculo se utilizaron los precios establecidos por las Resoluciones 188/2026 y 189/2026. Para agosto, el biodiésel destinado a la mezcla obligatoria fue fijado en $2.001.063 por tonelada, mientras que el bioetanol de caña quedó en $1.061,878 por litro y el de maíz en $973,244.
El corte vigente considerado en el análisis es de 7,5% para el gasoil y 12% para las naftas, con una participación de seis puntos de bioetanol de caña y seis de maíz. También se tomaron como referencia un dólar mayorista de $1.496,5 y las ventas de combustibles de 2025, que alcanzaron 16,9 millones de metros cúbicos, con una participación de 57% para las naftas y 43% para el gasoil.
El resultado muestra una diferencia significativa entre el costo energético de los biocombustibles y el de los productos fósiles que reemplazan.
De acuerdo con el cálculo, el biodiésel utilizado en la mezcla obligatoria tiene un costo de unos US$35,78 por gigajoule, frente a US$21,73 del gasoil. En el caso del bioetanol, el costo alcanza US$32,07 por gigajoule, mientras que la nafta se ubica en US$21,88.
En términos relativos, esto implica que el biodiésel cuesta alrededor de 65% más por unidad de energía que el gasoil que reemplaza, mientras que el bioetanol presenta una diferencia del 47% respecto de la nafta.
El impacto no se limita al precio del litro
El análisis incorpora además un segundo efecto: la cantidad de energía disponible en cada litro de combustible.
Una mezcla de gasoil con 7,5% de biodiésel presenta, según el cálculo, 0,61% menos energía por litro que el gasoil puro. En las naftas, una mezcla con 12% de bioetanol contiene 4,05% menos energía por litro.
Esto significa que, desde una perspectiva estrictamente energética, para obtener la misma cantidad de energía el consumidor debería adquirir una mayor cantidad de combustible. En el caso de las naftas, el cálculo estima que esa diferencia podría representar hasta 4,22% más litros para recorrer la misma distancia.
El propio análisis aclara que este último valor debe tomarse como una referencia máxima, debido a que el mayor octanaje del etanol puede permitir que determinados motores aprovechen mejor la mezcla.
Al combinar el diferencial de costos con la diferencia energética, el estudio estima que el corte actual incrementa el costo de la energía entregada en aproximadamente 4,5% para el gasoil y 3,9% para las naftas.
Cuánto representa para el mercado
El impacto adquiere otra dimensión cuando se traslada a los volúmenes comercializados.
Según el cálculo, el costo anual asociado al corte de biodiésel ronda los US$254 millones si se consideran únicamente las ventas al público. Si se incorpora el mercado total de gasoil, incluyendo las ventas directas al agro, la minería y el transporte, el monto se acerca a los US$420 millones.
Para el bioetanol, el costo estimado alcanza unos US$261 millones anuales.
En conjunto, el impacto económico del corte vigente se ubicaría entre US$500 millones y US$680 millones por año, según el universo de gasoil considerado.
La cifra aumentaría si prosperan los porcentajes planteados en el proyecto que analiza el Senado. Con un corte de biodiésel del 10% y de bioetanol del 15%, el sobrecosto calculado llegaría aproximadamente al 6% en gasoil y al 4,9% en naftas, llevando el impacto anual a unos US$890 millones.
Quién termina absorbiendo el costo
El esquema no implica que todo el costo aparezca directamente en el precio que paga el consumidor. Parte del impacto se canaliza a través del sistema tributario.
El régimen contempla una exención del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono sobre la porción correspondiente al biocombustible. De acuerdo con el análisis, esa compensación fiscal representa menos de la mitad del costo total estimado.
El resto queda distribuido entre el precio final del combustible y el menor contenido energético de las mezclas.
Por eso, el costo del corte no aparece como un cargo identificado en el ticket de la estación de servicio. Queda incorporado dentro de la estructura económica del combustible y, en parte, es absorbido por el Estado mediante la menor recaudación tributaria.
El estudio compara esta situación con otros componentes del sistema energético, como el gas natural y la electricidad, donde determinados cargos aparecen discriminados en las facturas y cuentan con mecanismos regulatorios específicos.
Biodiésel y bioetanol no generan el mismo resultado
Otro de los puntos que plantea el análisis es que el impacto económico del régimen no debería evaluarse de manera uniforme para todas las cadenas de biocombustibles.
Según los datos citados, durante los últimos catorce años el bioetanol habría generado un saldo positivo de divisas de US$2.413 millones. En cambio, el biodiésel habría registrado un saldo negativo de US$2.822 millones.
La diferencia estaría relacionada con la estructura de cada cadena y, particularmente en el caso del biodiésel, con el efecto que tienen las exportaciones del producto y la sustitución de importaciones de gasoil sobre las exportaciones de aceite.
El planteo introduce así una discusión sobre la conveniencia de establecer porcentajes de corte similares para productos que tienen efectos diferentes sobre la balanza comercial y el abastecimiento energético.
Qué propone el proyecto del Senado
El expediente S-809/26, impulsado en el Senado, plantea reemplazar el régimen establecido por la Ley 27.640. Durante las reuniones informativas participaron representantes de empresas aceiteras, refinadoras, pymes elaboradoras, gobiernos provinciales y terminales automotrices.
Entre los cambios analizados aparece el aumento de los porcentajes obligatorios de mezcla, junto con modificaciones en el esquema de participación de los distintos actores.
El proyecto también incorpora el coprocesamiento, mediante el cual las refinadoras podrían incorporar materia prima renovable durante la producción de gasoil y contabilizar ese volumen dentro del cumplimiento del corte obligatorio.
El mecanismo comenzaría con un porcentaje de 0,5% en 2028, llegaría al 2% en 2031 y tendría un límite de 3%. Al mismo tiempo, el corte de biodiésel aumentaría hasta el 10%.
Esto abre otra discusión sobre la estructura futura del mercado, ya que una parte del cumplimiento del mandato podría quedar en manos de las propias empresas refinadoras mediante procesos de integración.
El debate que queda planteado
El análisis no sostiene que los biocombustibles deban desaparecer del esquema energético. Por el contrario, reconoce que el régimen puede generar beneficios vinculados con el ahorro de divisas, el empleo regional y la generación de demanda para la producción agrícola.
La discusión pasa por determinar si esos beneficios justifican el costo económico del sistema y si corresponde aplicar el mismo mecanismo a las distintas cadenas.
En ese sentido, una de las propuestas planteadas es que el costo del corte obligatorio se calcule y publique periódicamente, que exista una metodología abierta y que los porcentajes puedan revisarse de acuerdo con la evolución de los precios relativos entre los combustibles fósiles y los biocombustibles.
También se plantea establecer mecanismos diferentes para el biodiésel y el bioetanol, en función de su impacto económico y comercial, y contemplar una eventual suspensión automática del mandato cuando la diferencia de costos supere determinados umbrales.
Con el Senado a punto de definir un régimen que tendría una vigencia de quince años, el debate sobre los biocombustibles suma así una dimensión que va más allá del porcentaje de mezcla. La discusión también involucra cuánto cuesta cada punto de corte, cómo se distribuye ese costo entre consumidores y Estado y qué beneficios concretos genera para el sistema energético y la economía argentina.