LEGISLACION
EL SECTOR NUCLEAR LLEGÓ AL CONGRESO CON RECLAMOS POR PRESUPUESTO, EMPLEO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Una reunión informativa de la Comisión de Economía de Diputados puso bajo análisis la situación de la actividad nuclear argentina. Especialistas y trabajadores advirtieron por la reducción de recursos y la pérdida de puestos de trabajo, mientras plantearon la necesidad de preservar capacidades tecnológicas construidas durante décadas.
La situación de la actividad nuclear argentina fue analizada en la Cámara de Diputados durante una reunión informativa de la Comisión de Economía, en la que especialistas, investigadores y trabajadores expusieron sobre el impacto de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional y plantearon interrogantes sobre el futuro de distintos proyectos estratégicos.
El encuentro fue impulsado por el bloque de Unión por la Patria y estuvo encabezado por la presidenta de la comisión, Julia Strada, quien cuestionó la ausencia de diputados del oficialismo y reclamó mayor participación en el debate sobre una actividad que, según sostuvo, tiene importancia tanto energética como económica para el país.
“Me sorprende que los diputados libertarios no estén presentes en esta comisión. Es una muestra más del desinterés del Gobierno nacional por el sector de la energía nuclear”, señaló Strada al comienzo de la jornada.
Más allá de las diferencias políticas, las exposiciones permitieron poner sobre la mesa algunos datos concretos. De acuerdo con la información presentada durante la reunión, entre julio de 2023 y julio de 2026 el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cayó un 40%, mientras que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) registró una reducción del 29%.
El impacto también alcanzó al empleo. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el sector perdió 765 puestos de trabajo, alrededor del 10% de su dotación. La mayor reducción se produjo en la CNEA, con 410 empleos menos, y en Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que registró una disminución de 296 trabajadores.
Strada destacó que la actividad nuclear constituye una de las áreas en las que la Argentina logró desarrollar conocimiento, tecnología e infraestructura propia. “El sector de la energía nuclear no solo es estratégico, sino que sus empresas y las exportaciones son superavitarias, generan un rédito económico para la Argentina y al mismo tiempo puestos de trabajo calificados”, afirmó.
Uno de los primeros expositores fue Ignacio Cortés, del Centro Atómico Bariloche, quien sostuvo que las actuales políticas están afectando el desarrollo de capacidades que demandaron décadas de inversión pública. En la misma línea, Rodolfo Kempf, físico e investigador de la CNEA, cuestionó el rumbo adoptado y manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener la discontinuidad de proyectos y equipos especializados.
El debate también alcanzó a Nucleoeléctrica Argentina, responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Daniel Durán, trabajador de Atucha, planteó la necesidad de conocer con precisión cuál es el valor estratégico y económico de la empresa antes de avanzar con cualquier eventual proceso de privatización.
“Antes de regalar Nucleoeléctrica Argentina, el Congreso y el pueblo de la Nación deberían saber la razón por la que se está regalando. Queremos saber el valor estratégico”, sostuvo.
El planteo se vinculó con uno de los principales interrogantes que atraviesan al sector: cómo preservar el conocimiento acumulado y las capacidades industriales desarrolladas por el Estado argentino durante décadas. Tomás Avallone, especialista en reactores nucleares de investigación, advirtió sobre el riesgo de que una eventual participación privada implique una pérdida de capacidades técnicas y científicas.
Uno de los puntos centrales de la jornada fue precisamente el valor económico que genera la actividad. Andrés Kreiner, investigador superior de CONICET-CNEA, señaló que Nucleoeléctrica factura en promedio entre 550 y 700 millones de dólares anuales y que posee un resultado operativo positivo. Según estimó, el conjunto de la actividad nuclear moviliza alrededor de 1.000 millones de dólares por año.
El dato adquiere relevancia frente al debate sobre la eficiencia del gasto público y el rol que deben tener las empresas estatales. En lugar de limitar la discusión a una defensa de la estructura existente, varios de los especialistas plantearon la necesidad de evaluar qué actividades pueden sostenerse con criterios de eficiencia, cuáles tienen potencial exportador y cuáles resultan indispensables para conservar autonomía tecnológica.
Entre los proyectos mencionados estuvo el CAREM 25, el primer reactor modular pequeño desarrollado íntegramente en el país. También se analizaron el reactor multipropósito RA-10, la producción de combustibles nucleares y radioisótopos, la Planta Industrial de Agua Pesada y el Centro Argentino de Protonterapia.
Verónica Robert, doctora en Economía de la UBA, sostuvo que el debate no debe reducirse al financiamiento inmediato de cada proyecto, sino considerar el valor de las capacidades acumuladas. En ese sentido, vinculó la situación del CAREM con una discusión más amplia sobre el aprovechamiento de los recursos y conocimientos desarrollados por el Estado.
Otro de los aspectos destacados fue la capacidad industrial nacional. Martín Javier Iofrida, jefe del Departamento de Coordinación de Proyectos Tecnológicos y Productivos para la Industria Nuclear de la CNEA, puso como ejemplo la fabricación local de combustibles para centrales CANDU y de tubos de presión, desarrollos que requirieron la formación de proveedores y especialistas durante décadas.
La Planta Industrial de Agua Pesada también estuvo en el centro de las preocupaciones. Alejandro Lucastegui, trabajador de mantenimiento informático y tecnológico de la instalación, cuestionó la posibilidad de que su producción quede en manos privadas y señaló que el eventual traspaso debería contemplar la experiencia específica requerida para una actividad de alta complejidad.
El encuentro reunió a representantes de la CNEA, DIOXITEK, Nucleoeléctrica Argentina, CAREM 25, el Instituto Balseiro, INVAP y universidades nacionales, además de investigadores y trabajadores vinculados con distintas áreas del sistema nuclear.
Franco Gómez Coria, trabajador de Embalse, destacó el vínculo entre la generación nuclear y la vida cotidiana, al señalar que la electricidad producida por las centrales forma parte del abastecimiento de industrias, hospitales, hogares y otros sectores de la economía.
Desde Luz y Fuerza, Damián Straschenco incorporó otra mirada al debate al advertir sobre el impacto que tiene el costo de la energía sobre usuarios e industrias. Su planteo apuntó a la necesidad de analizar no solo quién administra las empresas y proyectos, sino también cómo las decisiones sobre la matriz energética repercuten sobre el precio final de la electricidad y la actividad productiva.
La discusión parlamentaria dejó así planteado un dilema que excede la disputa entre oficialismo y oposición. La administración de Javier Milei busca avanzar hacia un Estado con una participación más acotada en la economía y revisar el funcionamiento y financiamiento de empresas y organismos públicos. Frente a esa orientación, los referentes del sector nuclear sostienen que existen áreas en las que reducir capacidades puede generar costos económicos y tecnológicos difíciles de recuperar.
El desafío para el Congreso será determinar, con información económica y técnica, qué proyectos pueden ser sostenibles, cuáles tienen capacidad para generar ingresos y exportaciones y qué conocimientos estratégicos resulta conveniente conservar. En una actividad donde la formación de especialistas y el desarrollo de infraestructura requieren muchos años, las decisiones presupuestarias actuales pueden tener efectos que excedan ampliamente el ciclo político de un gobierno.