CAMIONEROS RECLAMA UNA URGENTE RECOMPOSICIÓN SALARIAL Y LE MARCA LA CANCHA AL GOBIERNO DE MILEI
El gremio que conduce Hugo Moyano pidió reabrir la paritaria por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. La Casa Rosada, que suele poner trabas a los acuerdos de los trabajadores, vuelve a quedar en el centro del conflicto.
La pulseada entre el Sindicato de Camioneros y el gobierno libertario de Javier Milei vuelve a encenderse. Aunque se trata de una negociación del sector privado, la administración nacional nunca ocultó su intención de condicionar y debilitar los acuerdos paritarios, transformando cada discusión en un escenario político donde los derechos de los trabajadores quedan en jaque.
En este contexto, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios envió una nota formal a las cámaras empresariales para exigir la reapertura de la paritaria desde el 1° de septiembre. El reclamo llega en medio de un proceso electoral y de un gobierno golpeado por las denuncias de corrupción, que insiste en ajustar sobre los salarios mientras protege a los grandes empresarios.
Reclamos concretos y defensa de la obra social
El gremio denunció la "evidente brecha" entre los índices de inflación que difunde el INDEC y los aumentos reales en alimentos y tarifas, lo que pulveriza los sueldos de los trabajadores. En la nota, los camioneros exigen un piso del 20% de adicionales en ramas como Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado, además de que los conceptos de viático y comida pasen a ser remunerativos para no seguir perjudicando jubilaciones, aguinaldos y licencias.
Otro eje central es la obra social: Moyano reclama la continuidad de la contribución patronal extraordinaria, crucial para sostener los servicios de salud. Desde el sindicato advirtieron que el Ejecutivo "no envía en tiempo y forma los fondos que corresponden a los trabajadores", afectando directamente la atención médica de miles de familias.
Seguridad en riesgo por medidas del Gobierno
Camioneros también puso sobre la mesa el impacto de la eliminación de la obligatoriedad de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), una decisión inconsulta del gobierno que compromete la seguridad de los choferes y de toda la sociedad. “No vamos a aceptar que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores para beneficiar a los empresarios con menos controles”, subrayaron desde el gremio.
Salarios que no alcanzan
El último acuerdo, homologado en junio tras semanas de dilaciones del propio Ministerio de Economía, incluyó apenas un 3% en tres tramos y una suma fija no remunerativa de $45.000. Muy lejos de lo que necesita el sector para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
Así, los salarios de septiembre quedaron de la siguiente manera: un chofer de primera categoría percibe $785.386, mientras que un peón general apenas supera los $717.000. Aunque con adicionales pueden mejorar, las cuentas no cierran cuando los precios en góndola crecen más rápido que los sueldos.
El piso del reclamo
Con la inflación acumulada en torno al 3% en el último trimestre, el sindicato ya anticipa un piso del 6% para el nuevo período de septiembre a noviembre. Sin embargo, todo indica que Moyano buscará un porcentaje mayor, convencido de que sin presión gremial el Gobierno y los empresarios seguirán avanzando en la precarización de los derechos laborales.
Una paritaria que trasciende al sector
Cada vez que Camioneros se sienta a negociar, lo que está en juego va mucho más allá de un acuerdo salarial: se trata de la defensa del trabajo digno frente a un gobierno que promueve la flexibilización y la reducción del salario real. Milei eligió al movimiento obrero como enemigo, pero los camioneros, una vez más, marcan la cancha y ponen freno a los abusos.