POLITICA
EXPECTATIVA DE TODO EL SECTOR ENERGÉTICO POR EL DEBATE SOBRE BIOCOMBUSTIBLES EN EL CONGRESO
La discusión pendiente por la ley de biocombustibles vuelve a instalar expectativas en todo el sector energético, que sigue de cerca el inicio del próximo período ordinario en el Congreso. Tras años de prórrogas, cambios regulatorios y una implementación incompleta, el marco normativo aparece otra vez bajo revisión, con un punto central: la necesidad de ampliar y consolidar los puntos de carga como condición básica para que los biocombustibles puedan desarrollarse a escala nacional.
Hoy, la legislación vigente muestra fisuras que afectan tanto a productores como a comercializadores. Sin previsibilidad y sin una red de expendio suficientemente extendida, el uso de bioetanol y biodiésel continúa siendo limitado, pese a su potencial para generar empleo, agregar valor a la producción primaria y avanzar en la transición energética.
En ese escenario, el rol de las estaciones de servicio se volvió un eje clave dentro del debate parlamentario. Referentes del sector advierten que, sin incentivos claros y sin reglas estables, resulta difícil avanzar en inversiones destinadas a incorporar nuevos combustibles. La experiencia internacional muestra que la expansión de energías alternativas requiere no solo capacidad productiva, sino también una articulación normativa que garantice su llegada efectiva al consumidor final.
Durante el Encuentro Balance 2025 de la Política Pública de Biocombustibles, organizado por el Ministerio de Infraestructura de Córdoba, esta problemática volvió a ocupar un lugar central. Allí se coincidió en que la escasez de puntos de carga constituye uno de los principales obstáculos para que el sector gane escala y competitividad.
Más adelante, la diputada nacional de Provincias Unidas, Carolina Basualdo, explicó que el tema volverá a la agenda legislativa apenas se habilite el período ordinario. Señaló que desde su bloque impulsarán la reapertura del debate en las comisiones de Energía y otras áreas vinculadas, con la intención de avanzar en una ley que contemple la producción, el trabajo y la transición energética.
Basualdo reconoció que el contexto político nacional no facilita el tratamiento del tema, pero sostuvo que el debate excede lo ambiental y se vincula directamente con la actividad económica. En ese sentido, remarcó que los biocombustibles pueden transformarse en una herramienta para motorizar economías regionales y fortalecer la matriz productiva.
Al referirse al rol de las estaciones de servicio, la diputada coincidió en que el marco normativo debe incluir mecanismos de fomento específicos. Señaló que la ampliación de los puntos de expendio requiere acuerdos entre el sector público y privado, acompañados por incentivos impositivos y reglas claras que alienten la inversión y den previsibilidad a toda la cadena energética.