ESTACIONES DE SERVICIO
OPINION: CONTROL DE PRECIOS: OTRA VEZ SOPA (Y RANCIA)
Nuevamente desde el Gobierno Nacional se insiste en una receta que viene fracasando hace cientos de años en el mundo entero: el control de precios, llamado eufemísticamente “Acuerdo de Precios”.
Los combustibles, blanco preferido de todo Ministro de Economía intervencionista que se precie, vuelven a sufrir una imposición de precios máximos; pero ésta vez con un mal estado tan evidente que ya se huele a gran distancia. El mismo día en que el Ministerio de Economía anuncia “precios máximos” de los combustibles hasta pasadas las elecciones de Octubre, el mismo día reitero, se produce un aumento del 12,5% promedio de los mismos. Parecería ante todo la búsqueda de un titular para los medios, más que una medida efectiva.
Nuestra legislación, partiendo desde nuestra Constitución, es de raigambre liberal y capitalista. Para ser claros: el padre de la Constitución, Juan Bautista Alberdi, fue un liberal clásico y muy claro partidario de la libre empresa en un sistema de libre competencia, y así se plasmó en nuestra Carta Magna.
Es decir: la Argentina es por nacimiento, un país partidario del respeto a la propiedad privada, la libre empresa y la libre competencia; una nación capitalista, y así lo estampó en su Ley Máxima; y aunque ella luego fuera bastardeada y sumida en una caterva de leyes anticonstitucionales, sigue siendo nuestra Constitución, y espero lo sea por muchos siglos más.
La fijación de precios por el Estado, sea unilateral o mediante pseudo “acuerdos de precios”, es absolutamente contraria a la libre competencia y por ende, absolutamente ilegal y cuestionable ante nuestros Tribunales. Porque las Pequeñas y Medianas empresas no pueden sentarse a la mesa de los poderosos que discuten mano a mano con un Ministro cuáles deben ser los precios. Es decir que el Ministro convalida ventajas para los grandes y castiga a todo el resto de las empresas, que son en definitiva el 99,4% de las empresas del mercado y ocupan el 65% del empleo formal registrado, según datos oficiales actuales de la Secretaría de Industria de la Nación. O sea, que las siempre fustigadas oficialmente “grandes empresas” y “formadoras de precios”, son convocadas por el mismo Gobierno que las condena, para fijarle condiciones más duras a las pequeñas y medianas empresas que son aquí convidadas de piedra.
Una actividad claramente violatoria no sólo de la Constitución Nacional, sino de la propia Ley de Defensa de la Competencia. Y por tanto, revisable judicialmente.
¿Y cómo se establecen dichos precios? Pues conforme las conveniencias de las empresas que protagonizan el up-stream y las necesidades fiscales del Estado. El consumidor y los empresarios que intervienen en las sucesivas cadenas de comercialización y los consumidores son aquí las víctimas.
Un Estado desbordado por su propia ineficiencia recurre a los oligopolios para que un supuesto “consumidor estúpido” no “note” los aumentos. Y el empresario PyME queda atrapado en ésa absurda lógica que es anticapitalista, anti libre competencia, y en definitiva, suicida por antieconómica.
Con una inflación subiendo según datos oficiales a tasas cercanas al 150% anual en promedio (recordemos que artículos de primera necesidad como por ejemplo la carne, subieron hasta un 100% en uno o dos meses), ya entrando en híper inflación, pretender poner un chaleco de fuerza sobre la parte más débil de la cadena de comercialización (o sea, el expendedor), es darse un tiro en el pie.
Desde el punto de vista jurídico, podríamos aquí claramente invocar teoría de la imprevisión, e incluso aducir mala fe por parte de las petroleras (incluyo productoras y refinadoras) que realizan dichos “acuerdos”. Los contratos de las Estaciones con las Petroleras no amparan cualquier abuso por parte de ninguna de las partes. Si estas empresas que proveen el suministro, arbitraria y caprichosamente deciden tornar antieconómica la actividad de los expendedores, pues sencillamente están fuera de la Ley y del Contrato, y pueden ser demandadas e incluso tener que indemnizar a los que sufren esta ilegítima conducta.
Nuestras leyes, en especial nuestro Código Civil y Comercial, así como la Ley de Defensa de la Competencia, protegen a las Estaciones de Servicio frente a éstos atropellos.
La libre empresa es la base de toda economía que pretenda crecer. El socialismo –que es el que consagra la supremacía del interés del Estado frente al interés de los particulares- es lo contrario al liberalismo; y por tanto, el socialismo es lo contrario a nuestra Constitución Nacional. Pero más aún: las medidas tomadas van contra el sentido común. Un empresario que sufre brutales aumentos de precios y tarifas, sencillamente no puede mantener en funcionamiento la empresa. Así entonces, los supuestos “derechos de los trabajadores” que tanto se pregona defender, son vulnerados a la luz del día con éstas medidas.
Recuerdo hace unos años, el Sr. Secretario Guillermo Moreno recomendó literalmente en un encuentro organizado en la Ciudad de Buenos Aires por FECRA, que los propietarios de Estaciones de Servicio que no pudieran mantener sus empresas “se pusieran una florería, o una casa mortuoria”. Es claro que al Gobierno Nacional no le importa absolutamente nada la libre competencia, los trabajadores, y muchos menos de los empresarios de estaciones de servicios.
Da toda la impresión de que el actual Gobierno sigue trabajando a favor de las florerías.