POLITICA
LA SUSPENSIÓN DEL PLAN HOGAR: UN RETROCESO EN LA EQUIDAD SOCIAL
La reciente suspensión del Plan Hogar, que proporcionaba gas licuado de petróleo (GLP) a precios accesibles a las familias de bajos recursos, ha generado preocupación y críticas entre expertos y consumidores. El Ing. José Sesma, uno de los promotores del proyecto que dio origen a la "Garrafa Social" hace 19 años, expresó su descontento y subrayó el impacto negativo de esta medida.
Según Sesma, la Garrafa Social había logrado una mayor equidad social al permitir que muchas familias tuvieran acceso a un recurso esencial a precios justos. Sin embargo, con la suspensión del beneficio, este logro se ha desvanecido. Además, el reciente aumento en el precio del gas envasado, que ahora está completamente liberado y depende del mercado, ha exacerbado la situación para quienes más dependen de este recurso.
Sesma recordó sus esfuerzos por redactar proyectos de ley, presentados en el Congreso por legisladores nacionales, con el objetivo de declarar la producción, comercialización y distribución del GLP como un servicio público. Esta declaración, similar a la ya existente para la distribución de gas natural por redes, habría garantizado un suministro ininterrumpido y protegido de fluctuaciones arbitrarias de precios. No obstante, la ley 26020 solo consiguió declarar al GLP de interés público, permitiendo interrupciones en su comercialización bajo ciertas circunstancias.
El ingeniero destacó que la necesidad de declarar el gas en garrafa como servicio público radica en la obligación del Estado de asegurar el desarrollo humano de sus habitantes, tal como lo establece el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Este artículo promueve tanto el progreso económico como la justicia social, obligando al Poder Ejecutivo Nacional a brindar una protección efectiva a los sectores más desposeídos. Sin embargo, en la actualidad, los más necesitados quedan desprotegidos mientras aquellos con mayores recursos gozan de la tutela del servicio público.
Declarar el servicio público del GLP es, según Sesma, una obligación prioritaria del Estado Nacional. Esto implicaría salvaguardar los derechos de los habitantes a la igualdad, la salud, la vida, la calidad de vida, la seguridad y a condiciones equitativas y dignas en el acceso a los servicios. También protegería sus intereses económicos, aseguraría la competencia leal en el mercado y garantizaría la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Finalmente, Sesma hizo un llamado a los coautores de la garrafa social y a todos los habitantes de la región NEA, así como a los consumidores de GLP en todo el país, a reclamar su derecho a la equidad. Recalcó la importancia de difundir y masificar este reclamo para restaurar un beneficio que fue arduamente conseguido y que resulta vital para miles de argentinos.