LOS USUARIOS DICEN BASTA: RECHAZO MASIVO A FINANCIAR OBRAS QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO
La publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 715/2025 de la Secretaría de Energía generó un fuerte rechazo entre millones de usuarios residenciales que no están dispuestos a asumir con sus bolsillos el costo de una obra pública que, por ley y por sentido común, debería ser responsabilidad del Estado o de las empresas privadas concesionarias del servicio.
El nuevo esquema oficial, que implica una inversión estimada en 6.600 millones de dólares, prevé que 15 millones de usuarios de energía eléctrica en todo el país financien la ampliación del sistema de transporte de alta y media tensión. Una decisión que alimenta el malestar creciente de la ciudadanía ante la transferencia sistemática de obligaciones públicas hacia el ámbito doméstico.
El texto de la resolución no deja dudas: se habilita a que la remuneración de las obras pueda provenir de una "tarifa de ampliación" que recaerá sobre los propios usuarios. La medida —que aún debe ser discutida en Audiencia Pública conforme lo establece la Ley 24.065— fue interpretada por distintos sectores como un nuevo paso en el modelo de privatización de servicios esenciales iniciado en los años noventa, nunca revisado a fondo, y ahora profundizado.
El malestar se agrava al constatarse que estas obras, como el proyecto AMBA I originalmente pactado en 2022 con empresas chinas y financiado por bancos internacionales, iban a ser pagadas por el Estado Nacional, sin trasladar el costo a la ciudadanía. Hoy, ese acuerdo quedó desactivado por motivos ideológicos y geopolíticos, y en su lugar se impone una carga económica directa sobre la población.
“NO HAY INVERSIÓN PRIVADA, TODO LO FINANCIAMOS LOS USUARIOS”, reza con crudeza el comunicado crítico que circuló tras conocerse la norma. Es el resumen perfecto de un esquema que, bajo la lógica de achicar el gasto público, obliga a la ciudadanía a sostener con su esfuerzo obras de infraestructura que solo beneficiarían a empresas prestadoras del servicio.
La indignación crece ante la posibilidad, aún no desmentida, de que los nuevos cargos comiencen a aparecer pronto en las facturas, incluso antes de que las obras estén concluidas. La falta de transparencia y la ausencia de una discusión previa y abierta acentúan el rechazo social.
En definitiva, la resolución 715 pone sobre la mesa un debate profundo sobre el rol del Estado, los límites de la privatización, y quién debe asumir el costo de mantener y mejorar los servicios públicos esenciales. Para millones de usuarios, la respuesta es clara: no están dispuestos a seguir sosteniendo con sus facturas lo que le corresponde al Estado o al sector empresarial. La protesta ya comenzó. Y no parece tener marcha atrás.