LOS INTERESES DETRÁS DEL JUICIO A YPF: SOBERANÍA ENERGÉTICA, MERCADO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL DE UN ACTOR CLAVE
El reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska reactivó las alarmas en torno al futuro de YPF. Más allá del debate jurídico sobre la estatización de 2012, lo que está verdaderamente en juego es mucho más que una disputa legal: es el control sobre un actor central en el abastecimiento energético del país, que hoy produce más de un tercio del petróleo argentino, domina el mercado de combustibles y lidera el desarrollo de Vaca Muerta.
La nacionalización de YPF, impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, marcó un punto de inflexión en el aprovechamiento del potencial hidrocarburífero del país. Hasta ese momento, Vaca Muerta era una promesa latente. Fue con la intervención estatal que se dio el primer paso decisivo para explotar masivamente ese recurso. A más de una década, el cambio es palpable: Argentina pasó del déficit al superávit energético, y buena parte de esa transformación lleva el sello de YPF.
En la actualidad, la empresa produce el 36% del petróleo y el 29% del gas nacional. Aporta más del 50% de la capacidad de refinación del país y controla el 56% del mercado de combustibles. De los barriles que extrae a diario, el 87% se destina al consumo interno. En el caso del gas, el 94% queda en el país. Esa ecuación comienza a modificarse con las crecientes exportaciones de hidrocarburos, una tendencia que se profundizará con la llegada del gas natural licuado (GNL).
No es sólo una empresa petrolera: YPF es además un conglomerado con peso en áreas clave como fertilizantes (Profertil), energía renovable (YPF Luz), distribución (Metrogas, YPF Gas), petroquímica y tecnología (Y-Tec). Sus oleoductos, poliductos y refinerías forman parte de la infraestructura energética crítica del país.
Sin embargo, el rol estratégico de YPF convive con sombras. Las deudas ambientales por décadas de explotación convencional, las críticas al fracking en Vaca Muerta y los pasivos contaminantes en zonas como el Riachuelo son parte del costo de ser un gigante energético. Tampoco escapan al radar las decisiones políticas que desvían recursos de la empresa para financiar medios de comunicación afines, una práctica que se intensificó bajo el actual gobierno de Javier Milei, pese a sus promesas de reprivatización.
La amenaza judicial impulsada por los fondos buitre Burford Capital y Eaton Park apunta a quedarse con parte sustancial del control accionario de YPF. De concretarse, no sólo significaría un cambio en la propiedad: también podría condicionar el uso estratégico de la empresa para los objetivos energéticos nacionales.
Los defensores de mantener a YPF bajo control estatal, entre ellos peronistas, radicales y referentes técnicos, coinciden en la necesidad de preservar una herramienta que permite orientar el desarrollo energético hacia prioridades locales y garantizar soberanía en un mercado global cada vez más volátil. Como señalaba el economista Nicolás Arceo, una petrolera nacional no necesita competir globalmente por rentabilidad, sino que puede priorizar inversiones donde más lo necesita el país.
Con 49% de su capital en manos privadas y cotización en bolsa, YPF hoy combina control estatal con exigencias del mercado. Esa dualidad, lejos de ser una debilidad, ha obligado a la empresa a profesionalizarse sin perder su función estratégica. Perder el control sobre YPF en manos de fondos especulativos no implicaría sólo una derrota legal, sino también un retroceso en la capacidad del Estado argentino para decidir sobre su destino energético.