LA POLÍTICA Y SUS INCIDENCIAS EN EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES

Las estaciones de servicio son el último eslabón de una cadena de actores de gran porte. La industria del petróleo y gas es una industria de capitales intensivos, de inversiones muy grandes y a largo plazo, que requieren previsibilidad y rentabilidad para quienes lo desempeñen.

Ello ha incidido fundamentalmente en la concentración de capitales al punto de considerarse, a nivel mundial, que se trata de oligopolios públicos y privados que imponen sus propias condiciones. Hay oligopolio privado (como en la década del 60 se denominaron “las 7 hermanas” por ejemplo) y públicos, como la OPEP.

Pero hay un actor esencial en ésta industria, tal vez como no la hay en ninguna otra: los Estados, y consecuentemente,  la política. La política sobre soberanía, recursos, medioambiente, y sobre todo, la política fiscal. Y, claro está hoy se advierte más que nunca con la guerra que se desarrolla entre Rusia y Ucrania, que como bien dijo Von Clausewitz, “es la continuación de la política por otros medios”. Las sanciones económicas a Rusia, gran productor de petróleo y gas, traen como consecuencia la salida del mercado de ésta y la escasez o disminución –aunque sea temporal- de hidrocarburos, y con ello empuja al alza los precios internacionales y a conflictos geopolíticos de primera magnitud.  O sea que éste sector concentra un nivel de interés muy alto, que lo hace susceptible a todo tipo de manejos; y podemos decir que de él depende en gran medida la suerte de países y pueblos enteros.

Nuestro país con sus particularidades, es actualmente (digamos desde los últimos 80 años) ejemplo de todo aquello que NO debe hacerse para tener un sector exitoso.

Argentina es un país petrolero por sus recursos, pero la mediocridad de quienes han  manejado públicamente el sector, con muy loables excepciones, ha conseguido dejarnos con déficit energético, sin horizontes productivos ciertos, sin infraestructura, sin mercados competitivos, con cargas fiscales exorbitantes; lo cual obliga consecuentemente a la dependencia externa e influye directamente sobre el precio final de los combustibles líquidos y gaseosos.

El advenimiento de las “energías limpias”, llámense electricidad, hidrógeno,  u otras, también requiere un tratamiento específico que nuestro país tampoco está siquiera proyectando; por ello sólo hablaremos de las energías fósiles tradicionales.

Argentina tiene recursos petrolíferos y gasíferos a la altura de los principales países productores del mundo. ¿Por qué entonces no se desarrollan?

La lucha entre los eslabones de la cadena, principalmente entre el expendedor y el resto de los actores, es desigual y agónica. La disminución de las bocas de expendio de propiedad de particulares así lo demuestra. En la actualidad, según datos del relevamiento del año 2021 de la Secretaría de Energía de la Nación, existen habilitadas 5147 bocas de expendio minorista en todo el país, de líquidos, duales y de GNC. Cabe acotar que en el año 2003, y siempre según estadísticas oficiales, al momento de iniciar el gobierno Kirchnerista su primera gestión, había 6500 estaciones de Servicio. Habiendo aumentando significativamente el parque automotor, se ha dado el movimiento inverso en bocas de expendio, disminuyendo las mismas en más de 1300 bocas, que son empresas PyME que han desaparecido, trabajadores que han perdido sus fuentes de trabajo, pueblos y ciudades pequeñas que se ven perjudicadas en su abastecimiento, etc. Ello además de la activa participación de las productoras en el comercio minorista. Es decir que no sólo no se ha acompañado el crecimiento del parque automotor, sino que se han eliminado bocas, con lo cual estamos lejos de tener un panorama halagüeño para el mercado de combustibles en Argentina.

La fijación arbitraria del precio por el Estado ha traído innumerables problemas al sector. Es paradójico que aunque no existe norma que lo establezca, es el Gobierno el que controla y fija precios de los combustibles, a su comodidad y arbitrio y con prescindencia de todo lo demás. Así, ante la falta de rentabilidad, las empresas petroleras han establecido cupos, lo que a su vez acarreó miles de problemas logísticos, quiebres de stock y desabastecimiento, desfinanciamiento de las Estaciones, baja o nula rentabilidad; y lógicamente la progresiva pero permanente desaparición de bocas de expendio. Estos problemas tienen ya muchos años, concretamente desde el primer gobierno del kirchnerismo; cuya política energética ha sido errática y finalmente negativa, ocasionando un déficit fiscal monumental por la importación neta de combustibles líquidos y gasíferos.

Por otra parte están los problemas comerciales propios del sector, generados naturalmente entre los mismos actores privados, o sea, entre las  grandes empresas petroleras que imponen condiciones leoninas a las PyMes, las que a su vez se encuentran en general desunidas frente a sus contrapartes contractuales, facilitando los abusos o simplemente aumentando las desventajas de los expendedores minoristas. Y ello facilitado por falta de una clara política legislativa que contemple el contrato de suministro y brinde un marco de mayor equidad para que dentro de él las partes puedan acordar un sinalagma contractual más justo. Ello entre otras cosas por la ignorancia de los miembros del poder Legislativo Nacional, que no sólo desconocen las características del sector, sino las más elementales normas jurídicas y de política legislativa. La falta de una legislación clara, moderna y adecuada, genera además bolsones de privilegios y corrupción, donde el Estado, por sí y ante sí, concede a algunos su bendición y a otros condena al peor de los infiernos. Se grita como único “logro soberano” y  a los cuatro vientos que se tiene una petrolera estatal, cuando en los hechos ésta se comporta como una depredadora que es totalmente ineficaz para beneficiar al consumidor; demostrando que las empresas públicas nunca sirven al interés del público.

Y por supuesto, el peor problema: el tributario. La carga fiscal, el peso del Estado en éste sector, es monumental. Impuestos confiscatorios en todas las etapas, que se llevan la poca o nula rentabilidad y sólo aumentan las obligaciones de todas las empresas involucradas, atentan contra el consumo y consecuentemente contra la actividad económica, terminan de pintar el panorama de un color bastante poco atractivo.

La única solución es cambiar radicalmente las políticas públicas en éste ámbito para todos los sectores que intervienen en la cadena de producción hasta la venta minorista incluída. Así como está, no hay posibilidades de recuperación, y los recursos seguirán quedándose en el subsuelo de la Patria.  Es el Estado, el gran interventor indeseado, el responsable de la actual situación. Como bien sostuvo Ludwig Von Mises, fundador de la escuela austríaca de economía, la intervención estatal en el sector privado crea un estado de cosas peor al que existía antes de su intervención. Es que no se ha intervenido para promover, sino sólo para servirse de recursos que generan los particulares, puesto que el Estado no genera ninguna riqueza, sólo se sirve de ella.