LA POLÍTICA Y SUS INCIDENCIAS EN EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES
Es una historia larga y repetida en nuestro país la puja entre los distintos sectores que intervienen en la extracción, refino, transporte y venta minorista de combustibles. O sea, entre lo que se llama “up stream” y “down stream”.
Las estaciones de servicio son el
último eslabón de una cadena de actores de gran porte. La industria del
petróleo y gas es una industria de capitales intensivos, de inversiones muy
grandes y a largo plazo, que requieren previsibilidad y rentabilidad para
quienes lo desempeñen.
Ello ha incidido fundamentalmente en
la concentración de capitales al punto de considerarse, a nivel mundial, que se
trata de oligopolios públicos y privados que imponen sus propias condiciones.
Hay oligopolio privado (como en la década del 60 se denominaron “las 7
hermanas” por ejemplo) y públicos, como la OPEP.
Pero hay un actor esencial en ésta
industria, tal vez como no la hay en ninguna otra: los Estados, y
consecuentemente, la política. La
política sobre soberanía, recursos, medioambiente, y sobre todo, la política
fiscal. Y, claro está hoy se advierte más que nunca con la guerra que se
desarrolla entre Rusia y Ucrania, que como bien dijo Von Clausewitz, “es la
continuación de la política por otros medios”. Las sanciones económicas a
Rusia, gran productor de petróleo y gas, traen como consecuencia la salida del
mercado de ésta y la escasez o disminución –aunque sea temporal- de
hidrocarburos, y con ello empuja al alza los precios internacionales y a
conflictos geopolíticos de primera magnitud. O sea que éste sector concentra un nivel de
interés muy alto, que lo hace susceptible a todo tipo de manejos; y podemos
decir que de él depende en gran medida la suerte de países y pueblos enteros.
Nuestro país con sus
particularidades, es actualmente (digamos desde los últimos 80 años) ejemplo de
todo aquello que NO debe hacerse para tener un sector exitoso.
Argentina es un país petrolero por
sus recursos, pero la mediocridad de quienes han manejado públicamente el sector, con muy
loables excepciones, ha conseguido dejarnos con déficit energético, sin
horizontes productivos ciertos, sin infraestructura, sin mercados competitivos,
con cargas fiscales exorbitantes; lo cual obliga consecuentemente a la
dependencia externa e influye directamente sobre el precio final de los
combustibles líquidos y gaseosos.
El advenimiento de las “energías
limpias”, llámense electricidad, hidrógeno,
u otras, también requiere un tratamiento específico que nuestro país
tampoco está siquiera proyectando; por ello sólo hablaremos de las energías
fósiles tradicionales.
Argentina tiene recursos petrolíferos
y gasíferos a la altura de los principales países productores del mundo. ¿Por
qué entonces no se desarrollan?
La lucha entre los eslabones de la
cadena, principalmente entre el expendedor y el resto de los actores, es
desigual y agónica. La disminución de las bocas de expendio de propiedad de
particulares así lo demuestra. En la actualidad, según datos del relevamiento
del año 2021 de la Secretaría de Energía de la Nación, existen habilitadas 5147
bocas de expendio minorista en todo el país, de líquidos, duales y de GNC. Cabe
acotar que en el año 2003, y siempre según estadísticas oficiales, al momento
de iniciar el gobierno Kirchnerista su primera gestión, había 6500 estaciones
de Servicio. Habiendo aumentando significativamente el parque automotor, se ha
dado el movimiento inverso en bocas de expendio, disminuyendo las mismas en más
de 1300 bocas, que son empresas PyME que han desaparecido, trabajadores que han
perdido sus fuentes de trabajo, pueblos y ciudades pequeñas que se ven
perjudicadas en su abastecimiento, etc. Ello además de la activa participación
de las productoras en el comercio minorista. Es decir que no sólo no se ha
acompañado el crecimiento del parque automotor, sino que se han eliminado
bocas, con lo cual estamos lejos de tener un panorama halagüeño para el mercado
de combustibles en Argentina.
La fijación arbitraria del precio por
el Estado ha traído innumerables problemas al sector. Es paradójico que aunque
no existe norma que lo establezca, es el Gobierno el que controla y fija
precios de los combustibles, a su comodidad y arbitrio y con prescindencia de
todo lo demás. Así, ante la falta de rentabilidad, las empresas petroleras han
establecido cupos, lo que a su vez acarreó miles de problemas logísticos,
quiebres de stock y desabastecimiento, desfinanciamiento de las Estaciones,
baja o nula rentabilidad; y lógicamente la progresiva pero permanente
desaparición de bocas de expendio. Estos problemas tienen ya muchos años,
concretamente desde el primer gobierno del kirchnerismo; cuya política
energética ha sido errática y finalmente negativa, ocasionando un déficit
fiscal monumental por la importación neta de combustibles líquidos y gasíferos.
Por otra parte están los problemas
comerciales propios del sector, generados naturalmente entre los mismos actores
privados, o sea, entre las grandes
empresas petroleras que imponen condiciones leoninas a las PyMes, las que a su
vez se encuentran en general desunidas frente a sus contrapartes contractuales,
facilitando los abusos o simplemente aumentando las desventajas de los
expendedores minoristas. Y ello facilitado por falta de una clara política
legislativa que contemple el contrato de suministro y brinde un marco de mayor
equidad para que dentro de él las partes puedan acordar un sinalagma
contractual más justo. Ello entre otras cosas por la ignorancia de los miembros
del poder Legislativo Nacional, que no sólo desconocen las características del
sector, sino las más elementales normas jurídicas y de política legislativa. La
falta de una legislación clara, moderna y adecuada, genera además bolsones de
privilegios y corrupción, donde el Estado, por sí y ante sí, concede a algunos
su bendición y a otros condena al peor de los infiernos. Se grita como único
“logro soberano” y a los cuatro vientos
que se tiene una petrolera estatal, cuando en los hechos ésta se comporta como
una depredadora que es totalmente ineficaz para beneficiar al consumidor;
demostrando que las empresas públicas nunca sirven al interés del público.
Y por supuesto, el peor problema: el
tributario. La carga fiscal, el peso del Estado en éste sector, es monumental.
Impuestos confiscatorios en todas las etapas, que se llevan la poca o nula
rentabilidad y sólo aumentan las obligaciones de todas las empresas
involucradas, atentan contra el consumo y consecuentemente contra la actividad
económica, terminan de pintar el panorama de un color bastante poco atractivo.
La única solución es cambiar
radicalmente las políticas públicas en éste ámbito para todos los sectores que
intervienen en la cadena de producción hasta la venta minorista incluída. Así
como está, no hay posibilidades de recuperación, y los recursos seguirán
quedándose en el subsuelo de la Patria. Es el Estado, el gran interventor indeseado,
el responsable de la actual situación. Como bien sostuvo Ludwig Von Mises,
fundador de la escuela austríaca de economía, la intervención estatal en el
sector privado crea un estado de cosas peor al que existía antes de su
intervención. Es que no se ha intervenido para promover, sino sólo para
servirse de recursos que generan los particulares, puesto que el Estado no
genera ninguna riqueza, sólo se sirve de ella.