TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD RECLAMAN PARA QUE EDESUR NO SE LLEVE LOS DOLARES DEL PAIS

El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci, pidió hoy a las autoridades nacionales y legislativas un proyecto de ley para que a través de sus empresas Enarsa o YPF Luz "el Estado retenga las acciones de ENEL en la Argentina, lo que permitiría el cambio que exige la sociedad".

Minucci reclamó "el aprovechamiento de la actual parcial oportunidad de iniciar la defensa del patrimonio de los argentinos y la recuperación del rol estratégico del Estado en el servicio de electricidad" nacional, según dijo en un documento de prensa.

En una carta abierta dirigida a las autoridades nacionales y legislativas, a los trabajadores y a los usuarios, el integrante de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT aseguró que "algunos procuran cambiarnos el collar y mantener al perro", y explicó que aquella posibilidad surge de "la decisión de finalizar las concesiones de los contratos de las 17 represas hidroeléctricas en los próximos tres años y el anuncio de la compañía ENEL de abandonar el país y vender sus activos".

Al respecto, mencionó la distribuidora Edesur, las Centrales Térmicas Costanera y Dock Sud, la Hidroeléctrica El Chocón y las Líneas de Transmisión CTM y TESA, que conectan los sistemas de energía del noreste con Brasil, y Yacylec Transportadora de Yacyretá.

ENEL es el Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, una multinacional cuya mayoría accionaria posee el Estado italiano.

Minucci reseñó que en 1992 "se cometió el error histórico de la privatización más antinacional que haya existido", que los sindicatos combatieron durante 30 años a partir de la Conagrest (Comisión de Gremios Estatales) conducida por la CGT de Saúl Ubaldini para rechazar "el dislate de la entrega de las empresas a las multinacionales".

"Se destruyó el sistema eléctrico nacional; desapareció la activa participación del Estado; se ignoró el esfuerzo de generaciones de argentinos y se transformó un servicio público esencial que hoy se reconoce como derecho humano en un negocio privado. Ello provocó una transferencia extraordinaria de riquezas de los usuarios y el Estado a los grupos de poder, lo que se agravó por la suba de las tarifas", puntualizó.

Minucci reclamó "cambios drásticos" en las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico, porque el sistema "no puede ofrecer respuestas básicas para impulsar un modelo de desarrollo integral, la expansión industrial y la distribución del ingreso".

"Hay una grave crisis. Las privatizaciones fracasaron; las prestaciones son mediocres, las inversiones mínimas, la expansión limitada; se perdieron técnicos y no se reconocen profesionales; hay vaciamiento de las estructuras para cumplir con las necesidades del servicio y derivaciones a contratistas que poco saben", enfatizó.

Minucci sostuvo que "se redujeron costos laborales en beneficio de ellos, mientras el fisco destina millonarios recursos como subsidios para que sean administrados por privados, los cuales en parte son desviados para embolsar ganancias que los estados contables no registran y, por presión del FMI, son siempre abonados por los usuarios", agregó.

El dirigente exigió una estrategia energética y definir el rol del Estado y el sector privado, y remarcó que la energía tiene que ser "una herramienta para el desarrollo nacional, con eficiencia y racionalidad en las empresas, que requieren una profunda transformación para continuar desarrollando el servicio, su excelencia y la salvaguarda de los recursos".