OIL&GAS
GNL MÁS CARO COMPLICA CUENTAS ARGENTINAS
El Gobierno adjudicó la compra de cargamentos con precios de hasta US$ 13 por millón de BTU, casi el doble de lo que estimaba a principios de año
Debido a la suba del petróleo a nivel mundial y el aumento de la demanda de gas, las autoridades energéticas se vieron forzadas a validar un formidable incremento en los precios de importación del Gas Natural Licuado (GNL), que tendrá un alto costo fiscal y podría derivar en la necesidad de pedirle más subsidios al Tesoro -y por lo tanto, más emisión monetaria y presiones sobre el dólar y la inflación.
La empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) licitó la compra de siete cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), pero los precios que ofertaron las empresas pusieron en aprietos al gobierno.
Se adjudicaron finalmente cinco cargas, según pudo saber El Cronista, que accedió al detalle.
Cuatro barcos llegarán a Escobar en agosto con precios de entre US$ 10,80 y US$ 11,20 por millón de BTU, y otro buque a Bahía Blanca por US$ 10,60, a lo que se debe sumar US$ US$ 1,50 en concepto de regasificación. Hubo dos ofertas que superaban estos precios y fueron desechadas.
Con avales por US$ 200 MM , IEASA comprará gas a Bolivia
El abastecimiento de gas licuado trepó así hasta los US$ 13 por millón de BTU al inyectarse en los gasoductos, muy por encima de los US$ 8,50 que preveía la Secretaría de Energía como promedio anual).
Éste es un costo que -según algunos técnicos oficiales- está muy cercano al de los combustibles líquidos que se utilizan como sustitutos del gas para la generación eléctrica: el gasoil, el fuel oil y el carbón mineral, que cuestan entre US$ 14,50 y US$ 15,50 pero son más contaminantes.
Esto impactará fuerte en las cuentas públicas. Las importaciones de GNL se pagan a los proveedores al contado y por anticipado en dólares que salen de las reservas del Banco Central (BCRA), que administra cautelosamente las divisas con un férreo control de capitales -demora permisos de importación de insumos vitales para la producción y obliga a las empresas privadas a reestructurar su deuda-.
Además, el costo fiscal se puede llegar a disparar. Al no trasladarse a las tarifas los mayores precios de compras en el exterior, se encarecerá en su porción mayorista tanto el gas que consumen los hogares como el sistema eléctrico nacional, cuya energía es generada en un 60% por gas natural o combustibles alternativos.
Según un trabajo de los economistas Julián Rojo y Alejandro Einstoss para el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, los subsidios a la energía pueden llegar a los US$ 10.000 millones en este año, casi un 50% más que en 2020.
El secretario de Energía, Darío Martínez, reconoció hoy en una entrevista con el diario Río Negro que las ofertas de gas licuado fueron caras.
Y detalló que hasta el momento se habían adjudicado 47 cargamentos entre Escobar y Bahía Blanca, a un costo promedio de US$ 7,46 por millón de BTU.
Las importaciones de GNL costarán al menos unos US$ 1.000 millones en este invierno. Y sumadas a las compras a Bolivia, treparían por encima de los US$ 3.000 millones.
Marcos Pourteau, ex secretario de Hidrocarburos e integrante de la Mesa de Energía de la Fundación Pensar (think tank de Juntos por el Cambio), analizó: "El gas en el mercado internacional está caro. La semana pasada Pakistán compró a US$ 12,78. Con la suba del petróleo se encarecen todos los combustibles y hubo mucha demanda de gas en el mundo".
Como adelantó El Cronista, el gobierno planea lanzar en las próximas semanas una nueva licitación (la ronda 3 del Plan Gas Ar) para contar con mayor oferta de gas natural a partir del próximo invierno, y también elevar el volumen base durante todo el año.
Avales para comprar más gas a Bolivia
El gobierno otorgó avales del Tesoro Nacional por US$ 200 millones para las operaciones de crédito público a favor de Integración Energética Argentina (Ieasa), para la adquisición de gas natural desde Bolivia, a través del Decreto 389/2021 publicado en el Boletín Oficial.
Además, exceptuó de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 24.065 a las centrales y empresas de generación y transporte de energía eléctrica de propiedad total o mayoritaria de Ieasa, estableciéndose que las utilidades a su favor deberán ser invertidas en proyectos de infraestructura de energía eléctrica.
El artículo en cuestión determinó que las empresas de generación y transporte de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional tendrán derecho a recuperar solamente sus costos operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, continuidad y seguridad del servicio.
En tanto, los excedentes pasan a integrar un fondo unificado para atender deudas e inversiones de la Secretaria Energía.
El decreto actual también derogó los artículos 6, 8, 9, 10 y 11 del Decreto 882/2017, que limitaba al mínimo posible la participación del Estado Nacional en sectores estratégicos de la cadena productiva de la energía.
Ese decreto posibilitó la cuestionada venta de las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López, cuyo procedimiento de enajenación se encuentra bajo investigación judicial.
Además, pretendía transferir los activos del sector energético del Estado Nacional y de sus empresas al sector privado.
Asimismo, asignó a Ieasa las acciones emitidas en favor del Estado Nacional en las sociedades generadoras Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín, correspondientes a los Fideicomisos Central Termoeléctrica Manuel Belgrano y Central Termoeléctrica Timbúes, respectivamente.
A inicios de junio, el sistema de gas de Argentina estaba funcionando al límite. El faltante para industrias se acerca a 7 millones MMm3/día. Ese déficit, combinado con la falta de reacción oficial para operar como proveedor de última instancia a través de IEASA, forzó a algunas comercializadoras a cortarle el servicio a industrias y grandes establecimientos.
En los últimos 20 años quien modulaba el mercado era Cammesa, eso quiere decir que, cuando había poco gas en el sistema, Cammesa cortaba su despacho del fluido y lo reemplazaba por combustibles alternativos (fuel oil y gasoil). A partir de la puesta en marcha del Plan Gas Ar, Cammesa y las distribuidoras contractualizaron su demanda de gas y quien termina modulando el consumo es el sector industrial.