POLITICA
LA CARTELIZACION DE LA MINERIA ARGENTINA
(Lic Pablo Rutigliano Presidente & Fundador Cámara Latinoamericana del Litio) -Desde hace mucho tiempo, no hemos asumido el compromiso de desarrollar un plan integral que represente un cambio social significativo y de alto valor en términos de competitividad en sectores tan cartelizados como la minería.
Cuando afirmamos que la minería está cartelizada, nos referimos a un sistema feudal que restringe las libertades y condiciona el crecimiento económico, impidiendo una economía más expansiva e inclusiva.
Un mapeo y censo detallado de los activos mineros es esencial. Esta es una de las primeras fases para integrar a la comunidad y mostrar la proyección de valor, siempre que se cumplan las condiciones de libertad necesarias para construir un modelo minero que promueva el desarrollo económico, sostenible y social en cada región. Para lograr esto, es necesario un replanteamiento normativo que establezca las bases para sinergias expansivas y permita una visión transparente sobre la formación de valores económicos en la actividad minera.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene como objetivo mejorar la competitividad y transparencia en el sector. Sin embargo, debemos ser responsables en su implementación para lograr un impacto económico significativo y transformar a la Argentina basándonos en la competitividad, tanto para las empresas como en colaboración con el sector público.
Entre 2021 y 2023, se anunciaron grandes inversiones sin un control adecuado por parte del estado, principalmente debido a la falta de supervisión de los estados contables en la minería. De los 11,300 millones de dólares anunciados en el gobierno anterior, no se ingresaron a Argentina, según la causa penal 3309/2023 https://www.mdzol.com/dinero/2023/3/19/donde-estan-los-11300-millones-de-dolares-de-inversion-en-mineria-322328.html . Si la capitalización de estas inversiones hubiera sido controlada por el estado nacional, el panorama macroeconómico sería diferente y el impacto económico en las provincias mineras sería mayor. Desafortunadamente, el sector sigue cartelizado, con los mismos actores perpetuando un modelo de opacidad y falta de sostenibilidad en un contexto geopolítico que busca dominar los recursos futuros.
Los beneficios actuales de la ley 24.196, artículos 8, 12, 12 bis, 13, 21 y 23, deben ser auditados rigurosamente por el estado argentino y las provincias, considerando los antecedentes del gobierno anterior.
Si las leyes y normas están diseñadas para incentivar grandes inversiones nacionales e internacionales, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones, fomentar la creación de empleo, generar estabilidad y establecer la seguridad jurídica, considero que el ámbito más favorable para integrar y potenciar la competitividad, y establecer un marco de control y beneficios, es acogerse al RIGI. Este régimen debería aplicarse en el ámbito del mercado de capitales, donde la capitalización y las exigencias de transparencia sobre la presentación pública de los estados contables permitirían un control más eficiente y favorable para Argentina, en términos de capitalización bursátil y utilidades futuras en relación a sus casas matrices.
Argentina se encuentra en un momento crucial. Apoyo al RIGI, pero considero que este enfoque sería determinante para fortalecer la competitividad y la libertad económica en la República Argentina.