OIL&GAS
LA PROBLEMÁTICA ELÉCTRICA ARGENTINA 2021. APUNTES
El Experto en temas energético, Gustavo Lahpud, compartió con www.agendaenergetca.com.ar, su artículo sobre algunos nudos problemáticos que se observan en la cuestión energética y eléctrica, publicado en RED EDITORIAL, y estimó que hay diversas aristas de la política energética argentina que hace años no se discuten adecuadamente.
Hacia fines de este incierto y angustiante 2020 pandémico, los principales medios de comunicación han difundido la noticia sobre la posibilidad de que uno de los grandes actores del sistema energético nacional, Pampa Energía, se desprendiera del control accionario mayoritario de uno de sus activos fundamentales en la última década y media, Edenor, que es la principal empresa de distribución de energía eléctrica de la Argentina.
Esta información, que da cuenta del avance cierto de una negociación entre privados, permite ver otros aspectos que resultan relevantes en la presente coyuntura del sector, que acumula ya dos años de “atraso tarifario” (irónico nombre tras el brutal y sostenido tarifazo promovido por el gobierno de Cambiemos) luego del congelamiento de los precios mayoristas encarado por la administración Macri en marzo de 2019 y que implicó que el resto de los segmentos del sector eléctrico, transporte y distribución –que son servicios públicos regulados bajo el marco de la ley 24.076 desde las reformas privatizadoras de los ’90–, no accedieran a ajustes tarifarios en sus respectivas áreas de concesión. Esta situación, como es de público conocimiento, se ha sostenido a través de la ley 27.541 de “Solidaridad y emergencia productiva”, que determinó, entre otras medidas relevantes, la suspensión de cualquier nuevo ajuste en las tarifas de los servicios públicos y la intervención de los entes reguladores de la electricidad y del gas natural, ENRE y ENARGAS, respectivamente.
¿Cuáles son esos aspectos que se destacan? Por un lado, el otro actor que aparece en la transacción es el grupo Vila-Manzano, que opera las empresas de distribución eléctrica de Mendoza y La Rioja, entre los principales activos que pueden mencionarse, y que tiene ya una presencia en el negocio eléctrico desde hace unos años.
Otro aspecto fundamental, es el aumento sin pausa de las deudas que las empresas de distribución de energía eléctrica tienen con CAMMESA –que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista–, que actúa como un intermediario en la gestión cotidiana del sector eléctrico. En concreto, CAMMESA compra gas natural –insumo crítico para las empresas del segmento de generación de energía eléctrica de fuente térmica– y, simultáneamente, se encarga de receptar los pagos de las empresas distribuidoras dirigidos a las firmas de generación eléctrica. Este complejo esquema se ha consolidado en las últimas dos décadas, como uno modo de “gestionar” las recurrentes debilidades de funcionamiento sistémico del conglomerado de empresas eléctricas, y en períodos de suspensión y/o congelamiento de ajustes tarifarios, el rol de CAMMESA se fortalece ya que, en esa intermediación, se encarga de solventar la mora recurrente en materia de pagos que las empresas distribuidoras acumulan. Esta situación, que es uno de los nudos centrales de la cuestión de los subsidios energéticos relacionados con el esquema de funcionamiento eléctrico, vuelve a cobrar actualidad a comienzos de 2021, y refiere a un asunto muy poco considerado con la sistematicidad y significación que se debería en las últimas décadas, que es la gestión de costos de producción del segmento de generación de energía eléctrica, el proceso de formación de precios mayoristas y el consecuente impacto en los procesos de formación de costos de los segmentos de transporte y distribución de energía eléctrica, que se expresan finalmente en los componentes tarifarios que el público usuario paga.
Subsecuentemente, aparece otro aspecto relevante. Hacia fines de 2020, medios de comunicación especialistas en energía y la misma Secretaría de Energía, han comunicado que las deudas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los retrasos recurrentes en el pago de la energía provista por las principales generadoras del país, ascienden a más de 142.000 millones de pesos[1], mientras que los índices de cobrabilidad de las empresas de distribución eléctrica se ubican apenas por encima del 50%, lo cual da cuenta de la profundidad de la crisis de ingresos generada por la pandemia del coronavirus, que ha provocado que miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales, sufrieran retrasos en los pagos de sus respectivos consumos. Ello derivó en la adopción de medidas para evitar el corte del servicio eléctrico por falta de pago durante 2020 en todo el país.
Este último aspecto señalado, el de la creciente deuda con CAMMESA, es relevante en el caso Edenor y la posible compraventa entre los actores Pampa Energía y grupo Vila-Manzano, ya que Edenor es la segunda deudora –después de Edesur–, con más de 18.000 millones de pesos.[2] Ese monto, es aproximadamente el doble de los casi 100 millones de dólares de la deuda financiera que Edenor ha acumulado en los últimos años, suma que sería erogada por el grupo Vila Manzano a cambio de la transferencia del control mayoritario de la compañía.
A su vez, esta operación económica financiera, se da en un contexto de caída significativa de la valorización de mercado de las principales empresas del país, como parte no sólo de la crisis económica agudizada por la pandemia con todos sus efectos palpables en términos de caída de oferta productiva, de la demanda agregada y del consumo de servicios energéticos, sino de la agudización de la crisis cambiaria y la escasez de divisas, acompañado del incremento de las deudas privadas de importantes firmas de la Argentina. Uno de los casos más complejos es el de YPF, principal empresa del país que muy trabajosamente ha podido cerrar una renegociación de su deuda de más de 6.600 millones de dólares a comienzos de febrero de 2021, y que comprometía seriamente su normal funcionamiento productivo, en un contexto en el que resultará fundamental el crecimiento de la oferta energética disponible para el sistema productivo y las familias de nuestro país.
Por otro lado, más allá que, desde comienzos de 2021, distintos actores vinculados directa o indirectamente al sistema energético, han orientado puntos de vista sobre la prioritaria intervención del Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de “comprar” la deuda financiera de Edenor, que representaría apenas la mitad de las deudas de esa empresa con CAMMESA, y de ese modo, tomar el control accionario mayoritario de una firma fundamental en el segmento de distribución eléctrica del país, estimamos que el debate público sobre este asunto merece consideraciones de mayor complejidad. Sobre ello, pretendemos compartir los siguientes “nudos problemáticos” que abarcan el conjunto del sector eléctrico y que consideramos que deberían discutirse en su compleja integralidad, a propósito del tema Edenor.
2.
La problemática eléctrica en Argentina puede contextualizarse temporal y espacialmente en los comienzos de la década de los ’90, con la puesta en marcha de las reformas estructurales que, en el ámbito de la energía, implicaron la implementación de procesos de desregulación, liberalización y privatización de buena parte de los activos energético en poder del Estado.
Esa reforma estructural ha sido abordada desde nuestros enfoques en los últimos años, y es importante el intento de comprenderlas en el marco de las reformas neoliberales que afectaron el funcionamiento de toda la economía y que, en el sector energético, implicaron la introducción de una mirada profundamente influida por la rentabilidad, la rápida expansión de beneficios a través de un agresivo plan de extracción, comercialización y posterior exportación de energéticos en el subsector de los hidrocarburos y la puesta en marcha de un acelerado proceso de concesiones de buena parte de los activos del subsector eléctrico, cuyo funcionamiento fue segmentado en tres grandes unidades de negocio: generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Respecto al gas natural, las reformas siguieron un camino similar.
Las características centrales de ese régimen económico y normativo desregulador de la economía política de la energía siguen siendo parte del entramado central de reglas de juego bajo las que los actores han operado en el sistema energético en estas tres décadas. Justamente, el intento de identificar nudos problemáticos conductores de preguntas que permitan identificar posibles respuestas hacia un nuevo esquema de producción, transformación, comercialización y consumo de energía, resulta ser un objetivo permanente en nuestros análisis del sistema energético.
Precisamente ese sistema energético, en su proceso permanente, adquiere reconfiguraciones que, en las últimas tres décadas, han permitido orientar distintos tipos de medidas en función de los criterios de las políticas públicas que se han puesto en juego. Pero, lo que siempre hemos visto como un primer gran nudo problemático en este aspecto, es la ausencia de una cosmovisión integral de las diversas dimensiones y fines que están en juego permanente en la dinámica de la energía como proceso social. En tal sentido, hemos trabajado sobre un enfoque multidimensional y fines que orientan la mirada sistémica en la búsqueda de un equilibrio siempre inestable entre disponibilidad, perdurabilidad, accesibilidad, sostenibilidad y margen de maniobra soberano de la comunidad política nacional.
En ese sentido, la experiencia histórica de las últimas décadas, nos ha mostrado que el intento de generar un funcionamiento por lo menos más armónico entre los distintos fines de las políticas energéticas, y, asimismo, ser conscientes de una mirada multidimensional, ha sido sacrificado en el altar de los requerimientos de corto plazo de las políticas energéticas. Así, entre disponibilidad y accesibilidad, la dinámica de análisis y comprensión del funcionamiento del sistema, nos ha permitido identificar, en el ámbito de los servicios públicos energéticos, un área particularmente sensible a esta falta de cosmovisión integral que ha implicado que, ya sea bajo gobiernos nacional populares, como neoliberales, el eje conductor de las prioridades de las políticas energéticas ha estado guiado tanto por visiones parciales, que han reproducido escenarios típicos de ceguera situacional[3], como por criterios apriorísticos de carácter ideológico, normativo y prescriptivo.
El resultado permanente de las reformas parciales ha sido un sistema desbalanceado, con recurrentes crisis expresadas por el lado de la falta de disponibilidad o por el debilitamiento de la accesibilidad, por citar dos de los fines fundamentales de toda política energética que no han podido organizarse bajo un prisma integrado. Este nudo problemático apunta a aspectos propios de diseño del sistema y de las políticas públicas, que han reproducido la lógica fragmentaria y de maximización de rentabilidad que todos los agentes del sistema han intentado preservar como parte de la continuidad del juego, aún en condiciones extremas o excepcionales. Es decir, que el criterio de la rentabilidad riñe frontalmente con el criterio del servicio público, hasta naturalizarse.
En el sector eléctrico, justamente, hemos pasado de la primera década caracterizada por contratos de concesión de los servicios que funcionaron bajo un esquema dolarizado que se sustentó en la estabilidad lograda a partir del denominado esquema de caja de conversión, cuya expresión práctica fue el famoso 1 a 1. Luego de la gran crisis económica de 2001, con el derrumbe de la convertibilidad, en lo que respecta a los servicios públicos energéticos, se abrió un período de amplia disputa entre los gobiernos de turno y las empresas prestadoras en torno al congelamiento de las tarifas que jamás llegaron a renegociarse en función de los criterios establecidos en los esquemas de regulación vigentes, sobre los cuales se estructuró un proceso híbrido, de intervenciones estatales selectivas, pero que no encararon el abordaje de una rediscusión integral del sistema energético y, en particular, del funcionamiento de los servicios públicos de electricidad y gas natural.
En esa dinámica, y bajo la continuidad emparchada del régimen normativo creado en los ’90, las discusiones tarifarias se convirtieron en una dinámica creciente y poco transparente de aumentos progresivos de subsidios energéticos destinados a cubrir tanto oferta como demanda de energía, al compás del “retraso tarifario” y de la irrupción de déficit de disponibilidad interna de hidrocarburos, que se hizo ya evidente en 2006, cuando la declinante extracción de crudo se combinó con la baja persistente de la oferta interna de gas natural y el comienzo de una era de importación de gas natural y otros energéticos, fundamentales para sostener la oferta energética general en el contexto de un sistema abiertamente desbalanceado.
Es en ese contexto, en el que se consolidó un nuevo ciclo de restricción externa marcado fuertemente por el déficit energético, pero, lo que nos resulta más importante desde la mirada que estamos intentando profundizar en esta coyuntura, es la consolidación de un proceso de creciente y paulatino deterioro de la gestión de los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. Ese deterioro creciente estuvo caracterizado por el aumento sistemático de los subsidios energéticos y la pérdida paulatina de estándares de calidad en la prestación del servicio público de electricidad y gas natural, cuyos componentes centrales fueron la degradación de la gestión del mantenimiento y operación de las redes de transporte y distribución de los servicios y la ausencia de criterios confiables y verificables sobre el cumplimiento de las prioritarias inversiones fundamentales para el crecimiento de la cobertura y la resiliencia técnica de toda la infraestructura.
Allí se afinca uno de los nudos problemáticos históricamente irresueltos en el funcionamiento del sistema energético, lo cual quedó aún más en evidencia con la asunción del gobierno de Macri y la reinstalación de políticas energéticas sustentadas en la baja sistemática de los subsidios y un ajuste inédito en las tarifas de electricidad y gas natural, bajo un esquema de dolarización del precio del gas natural que implicó que, en poco más de dos años, la política se tornara inviable socialmente porque los usuarios residenciales, comerciales e industriales, no pudieron afrontar ajustes permanentes de las tarifas que incorporaron precios dolarizados que tuvieron un impacto demoledor en los costos de todo el sistema productivo y en los presupuestos familiares, poniendo en peligro el objetivo de la accesibilidad a un servicio público esencial.
Un ejemplo concreto de la orientación maximizadora de rentas privadas en la implementación de la política energética de Cambiemos, puede analizarse en la puesta en marcha de un esquema de incorporación creciente de oferta térmica adicional con generosas garantías en términos de extensión de contratos y de precios de generación por megavatio hora que duplicaron y hasta triplicaron los precios promedio de la generación eléctrica en la Argentina. De este modo, a través de Resoluciones como la 21/2016 y la 287/2017[4], se instrumentaron nuevos proyectos térmicos y de cogeneración y de ciclo combinado –que son modalidades más modernas vigentes en los contratos–, que ofrecían precios de 180, 200 o hasta 215 dólares por megavatio hora, cuando el promedio de remuneración del sistema, oscilaba entre los 70 y 75 dólares. De hecho, hacia fines de 2020, ese precio promedio se ubica en los 60 dólares por megavatio. Por ende, se incorporaron algo más de 3.500 MW y diversos proyectos de energías renovables bajo las licitaciones encaradas desde 2016, que tenían en común artificiales costos en dólares, transferidos a toda la comunidad de usuarios a través de impagables tarifas –amén de los negociados del gobierno de Cambiemos (específicamente del clan Macri) cuyos procesos se encuentran hoy detenidos en el poder judicial.
A su vez, mientras se operaba una política abiertamente rentística, se instruía la “dialéctica del tarifazo”, legitimada en los millonarios subsidios del Estado, las ineficiencias acumuladas, y lo supuestamente “poco” que todos pagábamos por la energía. Simultáneamente, entonces, se instalaron estas políticas de dolarización energética, inéditas por su magnitud en nuestra historia, al tiempo que se remataban, en licitaciones públicas amañadas, activos de generación térmica modernos –como las centrales Barragán y Brigadier López– que habían sido planificados y construidos por el Estado durante el gobierno kirchnerista y que fueron transferidas a un consorcio liderado por Pampa Energía (Mindlin) e YPF y al grupo Caputo, dueño de Central Puerto, una de las grandes generadoras de energía térmica de la Argentina, respectivamente. Esas ventas fueron realizadas con activos subvaluados y con oferentes únicos en las licitaciones preparadas a tales efectos. Tan escandaloso fue este suceso, que la empresa IEASA –la ex ENARSA– a cargo de la operación y transferencia de las centrales, siguió adelante con la operación a pesar que el Tribunal de Tasación de la Nación había advertido que esos activos estaban subvaluados. Alrededor de 118 millones de dólares fue el monto de la pérdida para el Estado a través de IEASA[5], y un enorme costo difícil de precisar, teniendo en cuenta el flujo de caja que estas centrales podían generar en su operación cotidiana. Esta irregular operatoria fue judicializada y la conducción de IEASA bajo el gobierno de Alberto Fernández ha instruido una denuncia por defraudación y malversación con imputaciones dirigidas a los ex secretarios de Energía, Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui.
En esencia, el nudo problemático subsidios, tarifas, precios mayoristas y sus idénticos deficientes resultados aún bajo abordajes ideológicos diversos, van de la mano de otro nudo problemático que los casos de las empresas prestadoras del servicio público de la electricidad han dejado ver con mucha claridad en las últimas dos décadas. Nos referimos a la ausencia de una mirada sistemática centrada en la búsqueda de mayores eficiencias en la gestión de los costos de las compañías, aspecto que, tanto en reiteradas audiencias públicas a las que el gobierno de Macri se vio forzado por la justicia, como en diversos análisis aún desde distintas orientaciones ideológicas, se han puesto sobre la mesa y que jamás fueron adecuadamente abordados desde las prioridades de la política pública energética y desde las mismas compañías.
Por ende, todos los debates a partir de las privatizaciones siempre han surcado las implícitas o explícitas acusaciones y extorsiones entre el Estado y las empresas prestadoras de los servicios públicos, en escenarios de creciente inconsistencia macroeconómica que se refleja en la inestabilidad crónica de la economía argentina. Así, se configura un escenario muy complejo, donde los distintos actores empresariales buscan maximizar sus apuestas, en contextos normativos muy rígidos que hacen casi inviable una discusión abierta, transparente, sistémica sobre las disfuncionalidades y desequilibrios que se acumulan en la gestión del sistema.
Para comprender esta noción de rigidez normativa, téngase en cuenta que las concesiones de los servicios de distribución eléctrica de la región metropolitana a cargo de Edenor y Edesur, han sido licitados en 1992 a perpetuidad, por 95 años, en ciclos de revisiones tarifarias integrales de cinco años que, en casi tres décadas, jamás se cumplieron. Junto con ello, un ejemplo concreto adicional, entre tantos que podrían mencionarse, es un aspecto que está directamente relacionado con el proceso de gestión de eficiencia en costos de explotación, que hemos caracterizado como un nudo problemático relevante. Ese ejemplo remite a la propia normativa de los regímenes del gas y de la electricidad, que establecen muy claramente que el servicio público debe ser garantizando el menor costo posible para los usuarios.[6] Estimamos que esta estipulación normativa, como tantas otras, ha sido permanentemente violentada al compás de la falta de una adecuada gestión operativa de las empresas y, simultáneamente, de la ausencia y/o debilidad en la intervención de los entes reguladores, sea por complicidad y/o morosidad e ineficiencia en el adecuado accionar regulador, en función de lo que señalan los marcos normativos.
Esta situación de los entes reguladores constituye otro de los nudos problemáticos que es fundamental señalar cuando se trabaja con la problemática de los servicios públicos energéticos. Allí aparecen dos grandes situaciones. Por un lado, el deficiente funcionamiento de los Entes en las distintas etapas de los períodos de concesiones de las empresas controladas. Por el otro, la recurrencia de anomalías en el mismo funcionamiento de los entes reguladores que, en buena parte del período de tres décadas de vigencia de la desregulación, han funcionado bajo intervenciones discrecionales decididas por los gobiernos de turno que han ocupado el Estado nacional. Esta irregular situación perpetuó la violación de los marcos normativos existentes. Por ende, los esquemas reguladores de los servicios públicos de gas natural y electricidad, han funcionado en condiciones de permanente excepcionalidad, al tiempo que su accionar ha acompañado los vaivenes de los desajustes permanentes de las erráticas políticas públicas energéticas en los últimos años.
En línea con estos problemas de la regulación y su funcionamiento en lo concreto, podemos señalar un caso paradigmático, que nos viene de la experiencia recurrente que los usuarios tienen en la realización de los reclamos ante las empresas. Durante esta coyuntura pandémica, los usuarios de energía eléctrica atendidos por Edenor y Edesur, denunciaron múltiples irregularidades relacionadas no sólo con estimaciones de consumo adicionales que las empresas calculaban en los registros cotidianos y que se reflejaban en las facturas, sino con lo que se denomina “consumos no registrados” (CNR).[7]
Ahora, ¿qué es este concepto? Es un cargo que las empresas imputan a los usuarios a partir de la “sospecha” de que los medidores instalados en esos domicilios tienen problemas técnicos para registrar los consumos y, ante esa “intuición creativa” y en función de un “análisis técnico objetivo” de los promedios de consumo de esos usuarios, les imputan cargos adicionales por consumos adicionales que no se registraron como consecuencia del “posible mal funcionamiento” de los medidores.
Ante este verdadero avasallamiento de los derechos de los usuarios, cuya tutela debe garantizarse tanto a través de la normativa existente en materia de derechos del consumidor como a través de la correcta aplicación de los marcos regulatorios de la electricidad, nos preguntamos, ¿pueden las empresas, ante meras “sospechas” de mal funcionamiento de los medidores de consumo, proceder al cálculo de potenciales cargos adicionales?
Efectivamente, semejante accionar, que fue denunciado por más de 8.000 usuarios de ambas distribuidoras, configuró un abuso inadmisible, y así fue establecido por una resolución emitida por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada a mediados de febrero de 2021[8]. En esa resolución, el ente regulador estableció multas por más de 55 millones de pesos a las empresas Edenor y Edesur y las intimó a cesar en la perpetración de una conducta reñida con el funcionamiento transparente, eficiente y confiable del servicio eléctrico en su relación con los usuarios.
Ciertamente, el ENRE afirmó taxativamente que, ante dudas sobre el funcionamiento de las instalaciones de medición de electricidad, las empresas deben realizar auditorías in situ a los efectos de confirmar las supuestas fallas y comunicar adecuadamente esas gestiones al ente regulador. Una vez ratificado el inconveniente, la empresa debe proveer un nuevo aparato de medición de consumo que funcione adecuadamente. Pero lo que no puede hacer, de ninguna manera, es arrogarse el “derecho” a cobrar por anticipado los supuestos fallos en el registro de las mediciones de consumo.
Semejante actitud corporativa, puede registrarse en el despliegue de los micro procesos sociales de la cotidianeidad que jalonan el asimétrico vínculo entre empresa monopólica y usuario desprotegido, y constituyen registros permanentes de diversas conductas abusivas de las empresas distribuidoras a lo largo de más de dos décadas y media de funcionamiento de estas concesiones.
Este nudo problemático, que refiere en parte al funcionamiento de los entes reguladores, incorpora otro aspecto adicional al debate público que nuestra comunidad se debe a sí misma, a los efectos de alumbrar alternativas viables de reorganización integral del sistema energético.
Ese nudo problemático tiene que ver, además, con otra arista sobre el funcionamiento de los entes reguladores, que se han convertido en vehículos concretos de los intereses corporativos de las empresas monopólicas a partir de su deficiente y/o cómplice rol como regulador de un servicio público esencial. Es importante señalar que la intervención de los entes, establecida a través de la ley 27.541 que declaró la emergencia pública en distintas áreas, entre ellas, la energética, a fines de 2019, permitió no sólo la elaboración de una auditoría crítica sobre la inviabilidad e insostenibilidad de los tarifazos macristas, sino que produjo un resultado aún más relevante. En efecto, a través de la resolución 38/2021[9], publicada en el Boletín Oficial el 19 de febrero de 2021, se anularon los concursos abiertos durante el período de Juan Aranguren en la conducción de la política energética bajo el gobierno de Cambiemos, alegando la abierta violación de las normas más elementales de la ley de ética pública en lo que respecta a las claras incompatibilidades que los funcionarios designados en esos concursos tenían para estos cargos ya que los mismos habían formado parte del staff habitual de empresas energéticas que, casualmente, son las mismas que debían ser reguladas por la autoridad competente. Semejante anomalía, que ejemplifica el caso típico de la captura institucional del regulador por el actor regulado, se complementó con otro tipo de irregularidades administrativas que, en conjunto, permitieron anular los concursos realizados durante el macrismo.
Estos son algunos de los nudos problemáticos más relevantes que podemos identificar a propósito del asunto Edenor y tantos otros que podrían ponerse a consideración, entre ellos, el más relevante de todos en orden a reconstruir un sistema energético con planificación integral y orientado al fortalecimiento de la soberanía de nuestra comunidad, que es el caso de YPF, otrora empresa señera de la política energética nacional que debe ser incorporada en esa imprescindible búsqueda de una nueva institucionalidad energética.
Nuestro enfoque siempre se ha centrado en analizar sistémicamente la problemática energética. En esa búsqueda, el análisis minucioso de las orientaciones de las políticas energéticas en las últimas tres décadas, aún con sus diferencias, nos ha llevado al esbozo de una hipótesis de trabajo.
Por un lado, indagamos si tanto la política de subsidios –cuya virtud consiste en generar mejores condiciones de accesibilidad y cuya deficiencia estuvo dada por el modo indiscriminado de su aplicación–, como, sobre todo, la política del tarifazo, omiten la discusión de los costos y rentabilidad real de las empresas. En efecto, la discusión centrada en subsidios, por un lado, y su contracara, los indiscriminados tarifazos, por el otro, parece presuponer que sin esos subsidios o sin esos tarifazos las empresas no cubren los costos. Precisamente, ese es un costado del problema que es importante iluminar, ya que ese “presupuesto” ha sido funcional para obstaculizar una real discusión de los costos empresariales. Por otra parte, indagamos si las acciones que las empresas realizan, en distintos contextos, con la finalidad de garantizar sus tasas de ganancias, contravienen los criterios comunales y de razonabilidad que proponemos. Esta arista del problema también ha estado ausente en los debates sobre la energía en Argentina.
Es hora que abordemos este camino.
[1] Sin certezas sobre lo que sucederá con tarifas, la deuda de las distribuidoras con Cammesa llegó a los $ 142.000 millones • EconoJournal
[2] Sin certezas sobre lo que sucederá con tarifas, la deuda de las distribuidoras con Cammesa llegó a los $ 142.000 millones • EconoJournal
[3] Este término es utilizado por Carlos Matus, ex ministro del Presidente chileno Salvador Allende, quien ha trabajado las problemáticas de las políticas públicas y la gestión gubernamental desde un abordaje denominado Planificación Estratégica Situacional (PES). En ese esquema, entre tantas caracterizaciones interesantes que este autor realizaba en el análisis de las situaciones y de los problemas identificados en la gestión, señalaba la dificultad para visualizar diversos aspectos que se identifican en la dinámica de un proceso determinado y en la consecuente toma de decisiones. Ello podía condicionar la “calidad” del proceso de decisión al no visualizarse ciertos condicionantes o aspectos que podrían ser percibidos desde una mirada más abierta e integral.
[4] Proyecto de desdolarización: segmentación de tarifas y posible pesificación de contratos de generación eléctrica • EconoJournal
[5] Piden la indagatoria de Iguacel y Lopetegui por la … | Página12 (pagina12.com.ar)
[6] Los marcos normativos de la electricidad y el gas natural implementados a través de las leyes 24.076 y 24.065, respectivamente, abordan este punto con claridad. Asimismo, este aspecto vinculado a garantizar el mínimo costo posible para los usuarios, está en directa relación con el carácter de servicio público que estas actividades comportan. Sin embargo, los largos períodos de inestabilidad macroeconómica, combinados con cambios recurrentes en los objetivos de las políticas energéticas, han condicionado gravemente el mismo cumplimiento de los marcos regulatorios.
[7] La Resolución del ENRE que registra estas anomalías es la 37/2021, publicada el 18 de febrero de 2021 en el Boletín Oficial. Ver www.enre.gob.ar
[8] Idem 5
[9] www.enre.gob.ar
* Magister en Defensa Nacional (Escuela de Defensa Nacional), especialista en Geopolítica de la Energía Dicta seminario sobre Recursos Naturales Estratégicos en América Latina, Geopolítica y Desarrollo, en la Universidad del Salvador y en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina. Integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Fundación Más Derechos por Más Dignidad. Autor del libro Contra el tarifazo (Red Editorial, 2018). Asesor legislativo en política exterior y energía entre 2008 y 2015