EL IMPACTO DE LAS NUEVAS MEDIDAS DE TRUMP EN EL COMERCIO EXTERIOR Y SU RELACIÓN CON ARGENTINA

La Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana envió un informe a la redacción de Agenda Energética detallando las nuevas medidas arancelarias implementadas por la administración de Donald Trump y su posible impacto en el comercio internacional, con especial énfasis en la relación bilateral con Argentina. Las recientes decisiones de la Casa Blanca marcan una redefinición de su política comercial y plantean incertidumbre en la economía global.

Desde la implementación del arancel general del 10% a productos chinos que ingresan a Estados Unidos, la política comercial de Trump ha sido objeto de intenso debate. A pesar de que algunos gravámenes, como el 25% a productos de Canadá y México, han sido suspendidos, la tensión comercial sigue latente. China ha optado por una respuesta moderada, evaluando el impacto de estas medidas en su economía y evitando una escalada inmediata en la guerra comercial.

Uno de los puntos más controversiales es la aplicación de aranceles a productos terminados de otros países si contienen componentes chinos con una incidencia significativa en su producción final. Este aspecto podría afectar indirectamente a Argentina, especialmente en sectores con integración global de insumos.

El enfoque de la Casa Blanca se basa en imponer condiciones iniciales agresivas para luego negociar desde una posición de ventaja. La agenda del gobierno estadounidense en materia comercial está centrada en tres ejes fundamentales: control de la inflación, política arancelaria y regulación de la inmigración. Estos factores han sido clave en la justificación de las nuevas barreras comerciales.

El respaldo de la opinión pública estadounidense también juega un papel importante: el 60% de los ciudadanos cree que los acuerdos comerciales han sido perjudiciales para el país, mientras que un 83% mantiene una visión negativa sobre la política económica de China y su influencia en EE.UU.

Trump ha anunciado aranceles del 25% a la importación de automóviles, chips y productos farmacéuticos, así como impuestos adicionales a la madera y productos forestales, los cuales entrarán en vigor en abril. Estos ajustes responden a una estrategia de seguridad nacional, aunque se espera que las medidas sean transitorias y sujetas a negociación.

El concepto de reciprocidad comercial introducido por la administración Trump aún carece de definiciones precisas sobre su aplicación, ya sea por partida arancelaria, promedios o criterios específicos por país. Sin embargo, en la lista preliminar de naciones prioritarias para la aplicación de estos aranceles, Argentina no ha sido incluida.

A pesar del clima de incertidumbre, el informe destaca que Argentina, junto con Uruguay y Ecuador, tiene serias posibilidades de acceder a un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Esto se debe al rol clave de Argentina en la provisión de minerales críticos y energía, dos sectores estratégicos para Washington. La experiencia del acuerdo con Corea del Sur, que se concretó en solo 11 meses, plantea un antecedente alentador para una posible negociación rápida con el gobierno de Javier Milei.

El desenlace de estas medidas dependerá en gran parte de la postura del Congreso de EE.UU., dominado por los republicanos en los próximos dos años. Además, la falta de designaciones clave en el Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio y la Oficina del Representante Comercial podría retrasar la implementación de las nuevas regulaciones.

Aunque solo el 10% de los aranceles anunciados por Trump han entrado en vigor, su impacto en la economía global ya se siente, generando preocupaciones sobre la inflación y la estabilidad del comercio internacional. Argentina enfrenta tanto desafíos como oportunidades en este nuevo escenario. La posibilidad de un Tratado de Libre Comercio podría abrir puertas para el país en un contexto de reconfiguración del comercio global. Sin embargo, la volatilidad de las políticas comerciales estadounidenses exige un seguimiento constante y estrategias flexibles por parte del gobierno argentino y el sector empresarial.